CSIF Navarra exige al Gobierno Foral seguridad jurídica ante las medidas restrictivas de los derechos fundamentales anunciadas por la presidenta para este jueves

21/10/2020

  • Los policías forales no pueden verse sometidos a actuaciones que comprometan la legalidad, por lo que se hace imprescindible la ratificación de las medidas por parte del TSJN
  •  La restricción de los derechos fundamentales de libertad deambulatoria por todo el territorio nacional y de reunión debe contar con la preceptiva confirmación judicial

Csif Navarra, sindicato mayoritario en Policía Foral, exige al Gobierno Foral que, ante la puesta en marcha las medidas anunciadas por la presidenta Chivite para mañana, lo haga con la necesaria seguridad jurídica para que los policías forales no puedan verse sometidos a actuaciones que comprometan la legalidad.

En tanto que las medidas anunciadas por la Sra. Chivite son restrictivas de los derechos fundamentales de libertad deambulatoria por todo el territorio nacional (artículo 19 de la Constitución Española – CE) y de reunión (art. 21 de la CE), deberán ser éstas ratificadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN.

CSIF recuerda que es imprescindible que, para el cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Foral anunciada – que a escasas horas de su entrada en vigor, todavía no ha sido publicada en el BON – se espere a la ratificación, en su caso, de las medidas por parte del Tribunal. Es inconcebible el que se pretendan restringir derechos fundamentales desde la próxima madrugada sin contar con la preceptiva ratificación judicial.

Recuerdan los tribunales que su “función es analizar cuáles de dichas medidas limitan o restringen derechos fundamentales de los ciudadanos y si tal limitación encuentra, primero, cobertura legal, siendo o no competente la Administración que las acuerda, y además sí respeta los parámetros de justificación, idoneidad y proporcionalidad que la doctrina constitucional viene exigiendo en la restricción, o limitación de dichos derechos esenciales”.

Por lo tanto, es imprescindible que el TSJN se pronuncie sobre si la Consejera de Salud es la autoridad competente para acordar las medidas que restringen los derechos fundamentales anteriormente reseñados, antes de la entrada en vigor de la Orden Foral anunciada por Chivite.

Recordemos que ante la última Orden Foral la sala de lo contencioso administrativo del TSJN ya advirtió al ejecutivo de que para futuras limitaciones sería exigible que además de los datos epidemiológicos, la Administración ofreciera una motivación argumentativa específica de la necesidad de adoptar medidas que restrinjan derechos fundamentales.

“En ese mismo auto se rechazó la habilitación por la que se facultaba a las entidades locales a adoptar medidas sanitarias, por lo que ahora se hace más necesario que nunca abordar estas nuevas restricciones con todas las garantías de que es posible llevarlas a cabo”.

LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL

La limitación o restricción de los derechos fundamentales debe ser respetuosa con la reserva de ley prevista en los artículos 81.1 y 53.1 CE, y cumplir con dos presupuestos de constitucionalidad: perseguir una finalidad constitucionalmente legítima y cumplir con el principio de proporcionalidad.

Por lo que respecta al instrumento legal hábil para establecer las limitaciones de los derechos fundamentales y en relación con la reserva de Ley orgánica (art. 81.1 CE) el Tribunal Constitucional viene acogiendo, desde la STC 5/1981, de 13 de febrero, un criterio de interpretación estricto.

La STC 169/2001, de 16 de julio, declara también que «la previsión legal de una medida limitativa de derechos fundamentales es condición de su legitimidad constitucional», citando numerosos precedentes al respecto.

Por consiguiente, concluye el Tribunal Constitucional que «la legitimidad constitucional de cualquier injerencia del poder público en los derechos fundamentales requiere que haya sido autorizada o habilitada por una disposición con rango de Ley, y que la norma legal habilitadora de la injerencia reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho».

Conviene poner de manifiesto lo señalado por la Sala del TSJ de Madrid en AUTO 128/2020 de 08 de octubre de 2020, mediante el cual no se ratifican las medidas de confinamiento de la ciudad de Madrid, refirió el TSJM que;

“La consecuencia de tal apreciación es que las medidas limitativas de derechos fundamentales que establece la Orden 1273/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, meramente en ejecución de la Orden comunicada de 30 de septiembre de 2020, constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada”.

Por todo ello, ante la posibilidad de que el TSJN no ratifique la Orden Foral, declarando que la misma puede constituir una injerencia de la Consejera de Salud en los derechos fundamentales de los ciudadanos, desde CSIF Navarra exigimos al Gobierno de Navarra que la misma no entre en vigor hasta, en su caso, contar con la preceptiva ratificación por parte del Tribunal.

 

 

 

 

 

 

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